Vigila tus bolsillos.

Antes del próximo 30 de marzo los Ministerios de Industria y Cultura tendrán que pronunciarse acerca del llamado ultra-canon propuesto por los nuevos bandoleros de nuestro tiempo: las sociedades gestoras de derechos de propiedad intelectual, capitaneadas por la SGAE, y con los inefables Teddy y Ramon-cin a la cabeza.
De aprobarse tal y como han propuesto, los ciudadanos de este país tendrían que hacer frente al sobreprecio que se impondría automáticamente a cualquier producto que potencialmente pueda servir para vulnerar la propiedad intelectual. Es lo que actualmente ya ocurre por ejemplo con los CD's grabables que adquirimos en las tiendas, de forma que un porcentaje del coste se destina a estas entidades, pese a que los utilicemos exclusivamente para grabar las fotos de nuestras últimas vacaciones, o reproducir los vídeos que hemos filmado en el salón de nuestra casa.
Esto supondría, según los datos de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) que "el precio medio de un sintonizador de TDT con disco duro integrado se incrementaría un 78%; el de un grabador de disco duro un 80%; un dispositivo MP4 un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%". Eso hasta sumar la cifra anual de 2.000 millones de euros, es decir, el equivalente al 80% del gasto anual en educación para 2007, o un tercio de los 6.400 millones de euros que el estado destina a I+D+i para el mismo año.
Personalmente entiendo que artistas, escritores, y demás miembros de asociaciones como la SGAE quieran que sus obras sean reconocidas y cobrar además por ello, pero lo que no entiendo es que para lograr esto último se me prejuzgue previendo que cuando compro un CD, una tarjeta de memoria o un disco duro de ordenador lo hago con la insana intención de violar la propiedad intelectual. Lo cierto es que va siendo hora de que los responsables de este desaguisado se den cuenta que no es nuestra culpa que no somos los consumidores los que estamos detrás de un modelo fallido de negocio, y que es momento de adaptarse a la nueva realidad que la difusión de los contenidos digitales está marcando desde hace ya mucho tiempo en otros medios (prensa escrita, televisión, etc.... ).
Es por ello que espero que el gobierno sea cauto a la hora de aplicar la resolución sobre el canon y que al mismo tiempo que se establece (que se establecerá, ya que aparece recogido en la Ley de propiedad intelectual), se haga de forma moderada y controlando los criterios recaudatorios y la transparencia de los mismos.